Once condenados por delitos sexuales en Mendoza manifestaron su voluntad de someterse a la castración química para evitar reincidir con un método propuesto por el gobernador Celso Jaque (PJ) que se aplicará de modo experimental y dentro de un programa integral que abarcará un tratamiento psicológico, social y farmacológico. Para frenar la ola de violaciones -hubo 50 casos denunciados en la provincia sólo en los últimos dos meses-, el gobierno mendocino parece decidido a poner en práctica este método inédito en el país, para disminuir la líbido y la potencia sexual mediante el suministro de fármacos, señala Clarín. En octubre del año pasado, Jaque convocó a un comité científico que avaló un programa integral, que incluye la castración química, pero sólo cuando el condenado acceda en forma voluntaria. Desde entonces, el gobierno local comenzó a redactar distintos decretos y proyectos de leyes para poder llevar aquella idea a la práctica. La semana pasada se aprobó un decreto complementario que establece una modificación al tratamiento del Régimen Progresivo de Penas para los que se sometan a la castración. Así, los presos que accedan voluntariamente al tratamiento obtendrán beneficios de libertad condicional, aunque la última palabra la tendrá el gobernador. El próximo paso es aprobar el plan que incluye el tratamiento integral, incluida la castración. "El decreto ya llegó a la Secretaría Legal y Técnica y esperamos que el gobernador lo firme en los próximos días", aseguró a Clarín el jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Justicia de Mendoza, David Mangiafico. En el caso de que se pretenda hacer esta práctica obligatoria, se necesita modificar el Código Penal y otras leyes de carácter federal. En Mendoza hay 237 condenados por delitos sexuales y 94 procesados. Están alojados en la cárcel Almafuerte, inaugurada hace tres años en la gestión de Julio Cobos. Allí se trasladó a los violadores, quienes están alojados en un pabellón sólo para delincuentes sexuales, por razones de seguridad y para evitar ataques de otros presos. De los once condenados por delitos sexuales que se ofrecen como voluntarios para la castración química, el 80% son reincidentes y tienen condenas de más de 10 años, según datos de la Subsecretaría de Justicia local. El perfil de estos voluntarios es que tienen entre 30 y 40 años y aún les resta cumplir más de 7 de condena. A la mayoría, los motiva la posibilidad de conseguir beneficios extramuros, según el sondeo de los psicólogos de la cárcel provincial. El médico sexólogo José Luis Rodríguez, integrante del comité de profesionales que avaló la castración química, dice que el programa puede funcionar en algunos casos y en otros no, pero que "vale la pena intentarlo". Define dos tipos de abusadores sexuales: "El delincuente sexual psicópata y perverso, con una personalidad antisocial; y el oportunista que en ocasión de un robo aprovecha la indefensión de la víctima". Y concluye que el método tiene más chances de funcionar en un delincuente sexual oportunista, denominado parafílico, que presenta trastornos psiquiátricos. En cambio, advierte: "La ciencia no ha podido conseguir resultados en personalidades psicopáticas". Para otro integrante del comité, el psiquiatra Rubén Contreras, la creencia de que todo violador es un psicópata no es correcta, porque "en general se observa que son individuos con conductas aprendidas en un marco social deficitario". Por eso, Contreras considera fundamental que el tratamiento para evitar la reincidencia tenga un abordaje psicólogico, además del tratamiento farmacológico. En cuanto a si se puede evitar la reincidencia, el sexólogo opina que, con un buen diagnóstico, "el individuo no sólo reduce notablemente su deseo sexual sino también su ansiedad y sus reacciones violentas por efecto de los distintos fármacos". Una última modificación de ley a la que aspira el gobierno mendocino permitirá que los condenados que tengan salidas transitorias usen hasta su libertad pulseras magnéticas, para que la Justicia tenga más control sobre ellos. El tratamiento farmacológico sólo puede durar mientras el paciente lo acepte. En la legislación actual, al extinguirse la pena por el delito cometido se termina la obligación de continuar. "Lo que debe lograrse es que el tratamiento se inicie durante la pena, y que luego, gracias al apoyo psicoterapéutico, se logre la adhesión al tratamiento que haga que el individuo lo continúe en el tiempo", se sincera Rodríguez. El médico endocrinólogo de la Universidad Nacional de Cuyo, Enrique Reynals, aclaró que el tratamiento farmacológico, que disminuye la libido y la potencia sexual, funciona mientras el paciente está medicado. El sexólogo Rodríguez calcula que los resultados en la inhibición del deseo sexual del condenado pueden verse en días o semanas, "dependerá del fármaco que se utilice y las dosis que se suministren", explicó.
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